SITUACIÓN DE LA AMAZONÍA VENEZOLANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Informe de diagnóstico y propuestas para la Asamblea Mundial Amazónica

El presente informe es un documento colectivo elaborado para la Asamblea Mundial por la Amazonía a realizarse virtualmente los días 17, 18 y 19 de julio de 2020.

El objetivo del mismo es poder compartir una mirada conjunta de la actual situación de la Amazonía venezolana, azotada por diversos problemas de gran gravedad, que se han agudizado en tiempos de pandemia. Del mismo modo, se extenderán las peticiones, demandas y alternativas que desde las organizaciones firmantes, se plantean ante la situación.

De la mano de los objetivos de la Asamblea Mundial Amazónica, la idea es poder contribuir a articular esfuerzos en torno a las campañas, movilizaciones y acciones conjuntas para enfrentar los efectos de la pandemia en la región.

En el documento ud. encontrará dos secciones. Una primera de diagnóstico y una segunda de demandas y propuestas. Ambas se expondrán a partir de tres problemáticas centrales: 1) la situación COVID-19 y de salud en general; 2) los impactos socio-ambientales que se producen en los territorios; y 3) el proyecto Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería ilegal.

Las organizaciones participantes en la redacción de este informe son: Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas (ORPIA),Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba), Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), Plataforma en Defensa de la Constitución, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM) y Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP).

Venezuela, 17 de julio de 2020

Click en la imagen para ver el informe completo en versión PDF

Preámbulo o marco general

Venezuela en los últimos años vive una crisis sin precedentes en su historia y la de América Latina, que ha generado extraordinarios impactos económicos, sociales y ambientales. La economía basada en la industria y los ingresos petroleros ha colapsado, y con ella las instituciones del Estado, los servicios públicos y la democracia en general. A esto se une la intensificación de la crisis política interna y de las presiones internacionales, especialmente las sanciones económicas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, que empeoran sobremanera los factores de la crisis.

Todos estos elementos han configurado en el país una significativa crisis social, estructural, histórica y cultural que, en el marco de una crisis civilizatoria global, ha socavado las posibilidades de una alimentación adecuada, de acceso al agua, la salud y el desenvolvimiento de la vida en un entorno seguro, que amenaza con intensificarse a medida que avanza la pandemia de COVID-19.

La Amazonía venezolana (que comprende los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) (ver Gráfico 1) ha sufrido de la misma manera los embates de esta crisis, aumentando los conflictos y sus intensidades, con la generación de graves afectaciones sociales y culturales a los pobladores, especialmente a los pueblos y comunidades indígenas, así como a sus delicados ecosistemas.

Gráfico 1. Estados de la Amazonía venezolana. Fuente: commons.wikimedia

En la región existen unas 12 (1) áreas naturales protegidas (ver Gráfico 2), entre las que se cuentan parques nacionales como Canaima, Delta del Orinoco (Mariusa), Caura, Yapacana, Serranía La Neblina o Parima-Tapirapeco; monumentos naturales, como el Cerro Autana, Piedra de Cocuy, Piedra La Tortuga, Piedra Pintada y Los Tepuyes (Cerro Venamo, Sierra de Maigualida, Cadena de tepuyes orientales); Reservas de Biosfera como la del Alto Orinoco- Casiquiare o la del Delta Orinoco; y un Refugio de Fauna Silvestre de la tortuga Arrau, entre otras.


Gráfico 2. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Fuente: Observatorio de Ecología Política de Venezuela 2020

A su vez, existen 29 pueblos indígenas en la región (con tres grupos en aislamiento voluntario o contacto inicial) (ver Gráfico 3), que suman una población de 172.543 personas (2), los cuales están entre los grupos más afectados y vulnerados por la crisis. Desde la promulgación de la Constitución de 1999, hay una enorme deuda con los derechos de los pueblos indígenas del país, falta de políticas y de atención por parte del Estado, precariedad en relación a servicios básicos, situación de desnutrición y otros males, lo que se suma al hecho que hasta la fecha muy pocos de sus territorios han sido demarcados y titulados, como lo establece la carta magna.


Gráfico 3. Mapa etnográfico de Venezuela. Censo de Población y Vivienda 2011. Instituto Nacional de Estadísticas

En este breve informe describiremos la situación actual de la región, haciendo énfasis en tres aspectos: 1) la situación COVID-19 y de salud en general; 2) los impactos socio-ambientales que se producen en los territorios; y 3) el proyecto Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería ilegal en sus diversas facetas. El documento presenta una primera sección de diagnóstico y balance, y una segunda en la que se detallan propuestas y alternativas ante la situación.

I. Primera sección. Diagnóstico y balance

a) Situación Covid 19 y de salud en general

La pandemia de la COVID-19 llega a Venezuela en un contexto de crisis sanitaria y en el cual la situación del sistema nacional de salud es muy grave, existiendo una marcada carencia de insumos, personal médico, servicios básicos y medicinas; un colapso de los centros de salud (3); o la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas como la malaria, el sarampión, entre otros. En su Plan de Respuesta Humanitaria Global ante el COVID-19, lanzado el pasado 25 de marzo, Naciones Unidas han colocado a Venezuela como “país prioritario”, dada su particular y delicada situación. Para el 14 de julio de 2020, Venezuela registraba 10.010 contagios confirmados, con un total de 96 fallecidos.

A raíz de la crisis, en la Amazonía venezolana se han venido empeorando las condiciones de vida de los pueblos indígenas, siendo evidente la desatención por parte del Estado. La pandemia ha llegado a exacerbar las condiciones precarias de estos. Existen contagios de COVID-19 en los tres estados amazónicos del país: para el 14 de julio de 2020 se registran 1.032 casos de los cuales 985 son en el estado Bolívar, 33 en el estado Amazonas y 14 en Delta Amacuro (4). Tres son los fallecidos, todos en Bolívar.

En relación a los pueblos indígenas, en Bolívar más de un centenar de contagiados pertenecen al pueblo pemón; en Amazonas, se cuentan contagios en el pueblo Yeral, Kurripaco y dos cuya denominación se desconoce (todos estos en los municipios Río Negro, Atures y Maroa); y en Delta Amacuro se ha reportado el contagio de al menos una persona del pueblo Warao (5). La situación se ha ido intensificando, y los contagios está en una muy preocupante fase ascendente de la curva. Ante la emergencia, la atención sanitaria por parte del Estado ha sido nula. Las comunidades indígenas manejan poca información sobre el virus y la enfermedad, y disponen de pocos medios para enfrentarla. Particularmente, la situación de los centros de atención de las comunidades indígenas es muy mala, donde las condiciones son pésimas y lamentables, sin presencia de personal de salud capacitado para atender casos de COVID-19, con pocas ambulancias terrestres y fluviales para traslados de contagiados que requieren de dicha atención.

Señalamos con preocupación que los estados venezolanos limítrofes con la Amazonía del país registran una aceleración de los contagios, destacando el estado Apure, el segundo con más casos (1.438) (6) a pesar de no tener una alta densidad poblacional. Situación aún más intensa se da con los estados colombianos, brasileños y guyaneses que colindan con la región amazónica de Venezuela, los cuáles se encuentran en fase ascendente de la curva, siendo Brasil el caso más dramático por su alto nivel de contagios y su conexión migratoria con municipios venezolanos como Río Negro, Alto Orinoco y Gran Sabana (ver Gráfico 4). Cabe recordar que la mayor parte de los casos iniciales detectados en la Amazonía venezolana provinieron de Brasil. Otros dos factores alarmantes a señalar es el de la expansión de la minería ilegal en prácticamente toda la región y cómo las personas involucradas en esta actividad extractiva son potenciales transmisores de la enfermedad; y la presencia en tierras indígenas de equipo de salud contagiado con el virus (especialmente en tierras indígenas brasileñas) (7).


Gráfico 4. Mapa de contagios por estados venezolanos y departamentos limítrofes. 28 de junio de 2020. Fuente: Wataniba

Señalamos que hay una situación de emergencia que necesita ser atendida con premura. Existe una alta vulnerabilidad en comunidades indígenas debido a la potencial susceptibilidad ante enfermedades que comprometen su sistema inmune y respiratorio, la escasa atención médica disponible, así como a las limitaciones que en algunos casos tienen estas comunidades para acceder a medicina tradicional por el distanciamiento de sus tradiciones, además de que los sabios y chamanes son, en muchos casos, personas mayores y, por tanto, población de alto riesgo. El costo en vida puede ser muy alto y la vulneración de sus modos de vida muy profunda, por lo que es urgente la toma de medidas que puedan evitar que esto se torne en una situación trágica.

b) Situación de los impactos socio-ambientales que se producen en los territorios

La crisis ha profundizado los impactos socio-ambientales que se viven en la región amazónica, entre los que se cuentan una intensa deforestación, contaminación y desviación de los cuerpos de agua, procesos de sedimentación, pérdida de biodiversidad, entre otros. Actividades como la minería (detallada en el siguiente apartado), la tala indiscriminada o el tráfico de especies han afectado severamente los ecosistemas, siendo impulsadas en muy buena medida por grupos armados irregulares de muy diverso tipo (nacionales y foráneos), en convivencia con redes de sectores militares corruptos que se enriquecen de las mismas. La afectación ha impactado considerablemente cuencas hidrográficas y las diferentes áreas naturales protegidas de la región.

El impacto se da con mayor intensidad en el estado Bolívar, principalmente en los municipios orientales del mismo (tales como Sifontes, El Callao y Roscio), en el Parque Nacional Canaima y sus zonas aledañas, en Ikabarú, y en los ríos Caura y Paragua. Otras de las áreas más afectadas es el delta del Orinoco (estado Delta Amacuro), territorio de los indígenas Warao (8), lugar donde desemboca el río Orinoco sus aguas al océano Atlántico. En esta zona confluyen múltiples impactos ambientales provenientes de la industria petrolera, ubicada en la vertiente norte del río, más los impactos generados por los desechos industriales de las empresas básicas de Ciudad Guayana, y los que genera la minería (contaminación por mercurio y la alta carga de sedimentos), que tiene lugar en la vertiente sur del Orinoco. Los mencionados agentes degradadores del ambiente impactan directamente en las comunidades Warao (9).

La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y sus organizaciones de base agrupadas en la COIAM, ha evidenciado la situación y destacan la contaminación que existe en los ríos y cursos de agua de toda la Amazonía, donde el mercurio y otras sustancias tóxicas que usan en la minería se encuentran entre los principales agentes contaminantes, lo que provoca que ya no se pueda tomar agua y que las comunidades indígenas se vean obligadas a tener que buscar el vital líquido mucho más lejos de donde habitan. Además, esto limita sobremanera sus quehaceres y su alimentación, dado que la pesca, una de sus principales formas de sustento, está directa y seriamente afectada. Muchas enfermedades han surgido a raíz de esta problemática, provocando muertes de niños por diarreas, parasitosis y desnutrición. A estas se suman otras como la malaria (paludismo) (10), generada en muy buena medida por el auge de la minería, con valores de incidencia entre los más altos de toda América. La situación ha conllevado también a procesos de desplazamiento de comunidades indígena hacia otros territorios dentro de Venezuela y fuera del país (11).

La actividad minera ha generado daños irreversibles en las cuencas hidrográficas de una área que dispone del 80% de agua dulce del país (12), así como cambio fisiográficos en los cauces de sus ríos, afectando el caudal de los mismos y generando mayor sedimentación, lo que provoca inundaciones. Entre las cuencas hidrográficas más afectadas se encuentran las de los ríos Caroní, Paragua, Caura, Cuyuní e Ikabarú (estado Bolívar) y en las cabeceras del río Orinoco en la región del Alto Orinoco (ríos Ocamo, Padamo), cuencas de los ríos Ventuari, Sipapo, río Negro (estado Amazonas).

Gráfico 5. Las Claritas, oriente del estado Bolívar, una de las zonas más devastadas por la actividad minera. Fuente: Google

Toda esta situación descrita ha llevado a una pauperización de las condiciones y medios de vida de los pobladores amazónicos, y en especial, de los pueblos indígenas, la cual es insostenible en el tiempo y amenaza dramáticamente su pervivencia. La mezcla de esta situación con la pandemia agudiza notablemente el problema. Se requieren medidas urgentes para evitar entrar a una situación que pueda ser irreversible.

c) Proyecto Arco Minero del Orinoco y expansión de la minería ilegal

En este informe haremos énfasis en la que probablemente es la actividad que mayores impactos está generando en la Amazonía venezolana, la minería. Existen dos hitos que quisiéramos resaltar en el desarrollo de este problema: inicialmente, una expansión extraordinaria de la minería ilegal en numerosos puntos de la región, motivados por varios factores como el incremento de los precios en las materias primas de mediados de la década de 2000. Posteriormente, se produce desde el Gobierno venezolano intentos por relanzar y expandir la actividad minera en la región (sobre todo del oro) que se va a condensar en 2011 con el anuncio por parte del Presidente Chávez del proyecto del „Arco Minero del Orinoco‟ (AMO), el cual se formaliza el 24 de febrero del 2016, en el Gobierno de Nicolás Maduro con el decreto 2.248.

Estos dos hitos van a representar un punto de inflexión en la situación amazónica venezolana, abriendo un escenario que va a empeorar las ya difíciles condiciones de vida de los pobladores de la región, con la intensificación de las disputas y la violencia extractiva en la zona, la mayor devastación ambiental, los desplazamientos y la precariedad de la vida.

El Arco Minero del Orinoco es una Zona de Desarrollo Estratégico (ZDE), que comprende una extensión de 111.843,70 km2 (inicialmente). Está ubicado al norte del estado Bolívar. Su fin es impulsar la explotación de minerales como el oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita, entre otros (ver Gráfico 6). El mismo abarca un poco más del 12% del territorio terrestre nacional y tiene el tamaño de países como Cuba o Costa Rica. La ZDE AMO representa el proyecto mega-minero de mayor envergadura en América Latina.


Gráfico 6. Poligonales del proyecto del Arco Minero del Orinoco (en gris). Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico

El decreto 2.248, de 2016, fue promulgado violando el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas establecido en el artículo 120 de la CRBV, los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el artículo 32 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (13), y sin la existencia de los estudios de evaluación ambiental estratégica e impacto socioambiental que ordena la Constitución.


Gráfico 7. Infografía del proyecto del Arco Minero del Orinoco y los minerales a explotar. Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico

En su ejecución, el proyecto Arco Minero del Orinoco ha implicado un progresivo crecimiento de presencia militar en el territorio, incluso en los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas, donde se ha observado afectaciones graves a los derechos de las poblaciones originarias y locales. El decreto 2.248 otorga facultades especiales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para “salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de la industria estratégica” (artículos 12 y 13), dándole libertad de impedir cualquier tipo de protesta u oposición contra el proyecto por ser consideradas como “actuaciones tendentes a la obstaculizaci n de las operaciones…” (artículo 25). Seguidamente, el 8 de marzo de 2016, el presidente de la República, anunció la implementaci n de una “Zona Militar Especial” del AMO, bajo el justificativo de proteger a los pobladores y salvaguardar los recursos de la Naci n que subyacen allí, además de “poner orden” en la actividad minera. También destaca el decreto 2.231 (promulgado previo al del AMO, el 10 de febrero de 2016), con el cual se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de la Defensa.

Camimpeg posee facultades de realizar todas las actividades económicas referidas a la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos existentes en el subsuelo del país, y está habilitada para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier labor relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas.

El avance del extractivismo en la Amazonía venezolana ha sido avalado y promovido por el Estado. Sin embargo, el extraordinario avance de la minería ilegal desde mediados de la década de 2000 ha desbordado cualquier proyección de proyecto formal y se ha desplegado por toda la región amazónica. Las expresiones son múltiples y suelen caracterizarse por estar controladas por actores armados de diverso tipo, como lo son bandas criminales (conocidas como „sindicatos mineros‟), actores del conflicto armado colombiano y cuerpos de seguridad oficial. Los minerales involucrados son básicamente oro, diamantes y coltán. Según RAISG, para 2018 se detectaron 1.899 sitios con actividad minera ilegal (a pequeña y mediana escala), con una afectación terrestre directa de más de 35.000 has y con presencia en la mayor parte de las cuencas hidrográficas de la Amazonía venezolana (14). Se estima que alrededor de 189.900 personas estarían trabajando en las minas al sur del Orinoco. En ese sentido, para el 2017, el Consejo Popular Minero declaró estar conformado por más de 150 mil mineros y mineras del estado Bolívar (15).

A medida que la crisis económica y la descomposición institucional han avanzado en el país, la minería en la Amazonía venezolana ha tomado rasgos dramáticos de ilegalidad y criminalidad, convirtiéndose en una actividad mucho más violenta y depredadora. Desde su establecimiento, la ZDEN Arco Minero ha sido tolerante y ha potenciado el incremento de la extracción minera irregular, además de ejecutar acciones y establecer estrechos vínculos con actores armados irregulares, que se manifiestan en las múltiples imbricaciones existentes entre militares y bandas criminales dentro del territorio. A pesar de ello, el Gobierno venezolano aún mantiene algunas formas de legalidad y formalidad en el proyecto.

Las principales cuencas hidrográficas donde se encuentran puntos de minería de pequeña y mediana escala podemos verlas a continuación (ver Gráfico 8). Sin embargo, es de destacar que el mayor o menor número de sitios detectados no es una medida directa del área o extensión afectada, ya que eso depende también de cuán agregados están esos lugares y de qué superficie terrestre abarca o de cuántos ríos o cuerpos de agua degradan. A seguir:

Región Sur del Orinoco: cuencas que se ubican en el estado Bolívar.

  • Cuenca de Río Caroní: el río Caroní nace en la Sierra Pacaraima (límite con Brasil) y tributa al río Orinoco. Este río, junto con el río La Paragua, son los principales afluentes del embalse del Guri, donde se ubica la central hidroeléctrica más importante del país. Al día de hoy se han georreferenciado 1.149 puntos de minería ilegal (16), perjudicando áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Canaima, Zona Protector sur del estado Bolívar y la Reserva Forestal la Paragua.
  • Cuenca del río Cuyuní: la cuenca del río Cuyuní tributa al río Esequibo que se ubica en la zona en reclamación de Venezuela y se considera como una cuenca transfronteriza. En ella se ubican 502 puntos de minería ilegal, con múltiples impactos sobre la Reserva Forestal Imataca, donde además, estaban permisadas decenas de concesiones mineras previas al decreto de la ZDEN AMO.
  • Cuenca del río Caura: se han georreferenciado 23 puntos de minería ilegal en el río Caura, en un área denominada como Parque Nacional Caura, pero la mayor parte de la minería que se realiza allí es fluvial, por lo que su detección es más difícil.
  • Cuenca del río Cuchivero: en su cuenca alta se han georreferenciado 10 puntos de minería ilegal en una área protegida conocida como Área con Vocación Forestal Chivapure-Cuchivero.

Región Alto Orinoco: cuencas que se ubican en el estado Amazonas.

  • Cuencas del río Sipapo y río Cataniapo: en las cercanías de Puerto Ayacucho se han georreferenciado ocho puntos de minería ilegal, seis de éstos ubicados en la Reserva Forestal Sipapo y los otros dos en la Zona Protectora de la cuenca del río Cataniapo.
  • Cuenca del río Ventuari: se han georreferenciado 22 puntos de minería ilegal, algunos dentro del Monumento Natural Tepuyes, en sus unidades Sierra Maigualida, Macizo Cuao-Sipapo y Cerro Moriche.
  • Cuenca de las cabeceras del río Orinoco: se han georreferenciado 165 puntos de minería ilegal, con incidencia en los Parques Nacionales Yapacana, Duida Marahuaca y Parima Tapirapeco. Estos dos últimos incluidos en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.
  • Cuenca del río Negro: en las cabeceras del río Negro, tributario del río Amazonas. Allí se han georreferenciado cuatro puntos de minería ilegal, en un área que corresponde al Parque Nacional Serranía La Neblina, que también forma parte de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.

Por sus impactos, también es necesario mencionar:

Región Bajo Orinoco: desembocadura del río Orinoco ubicada en el estado Delta Amacuro.

  • Delta Amacuro es la desembocadura del río Orinoco, donde viven los indígenas Warao. La actividad minera ha provocado la contaminación de las aguas y de la biota acuática por mercurio y la sobre-sedimentación de los cursos de agua que genera cambios en los patrones hídricos, lo que genera inundaciones y modifican los espacios donde habitan, además de afectar su salud física al contaminar los peces con mercurio, lo que termina acumulado en sus cuerpos, con deterioro en diferentes órganos y alterando múltiples funciones, incluidas las neurológicas.

Gráfico 8. Puntos de minería pequeña y mediana escala en la amazonía venezolana. Fuente: Wataniba

En la zona AMO, y en gran parte del territorio ubicado al sur del río Orinoco, la violación de derechos fundamentales de comunidades indígenas, rurales y locales es sistemática y ampliamente extendida. Así mismo, está estrechamente relacionada con la dinámica de la minería. Además de los factores que degradan los ecosistemas donde habitan los pueblos indígenas, con la contaminación de sus aguas y sus posibilidades de alimentación (como explicamos en el apartado anterior), la minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados. La violencia se ha incrementado en la zona dramáticamente, lo que ha incluido confrontaciones de indígenas con militares y grupos armados irregulares (17), así como la conformación de guardias indígenas como forma de protegerse. También se han registrado trágicas masacres, como la de Ikabarú del 22 de noviembre de 2019 (18).

Ante el movimiento constante de la minería, lo que han hecho las comunidades indígenas es aislarse, pero no es suficiente para su protección y el del contexto en donde están. Las entradas y salidas, así como los pasos informales en las fronteras ha sido un problema (y no están controlados). Se ha propiciado también el desplazamiento forzado de algunos pueblos indígenas a otros territorios como Brasil, donde se ubican indígenas de los pueblos Pemón y Warao en situación de refugiados. Según ACNUR actualmente existe un grupo aproximado de 500 indígenas Warao en Belém do Pará (Brasil) que han llegado desde el 2017, y un grupo de 1.300 indígenas Pemón-Taurepã hasta agosto del 2019, que llegaron huyendo de la situación de criminalidad y persecución en el P.N. Canaima.

Tanto por el proyecto del AMO, como por todos los focos mineros que se reproducen, alertamos que la Amazonía está siendo, no sólo devorada y depredada por estos actores, sino también está en la mira para una expansión de la actividad, lo que se ha visto potenciado por la pandemia. Recientemente, es decir, en plena cuarentena por el COVID-19, fue publicada la Resolución No 0010 (8 de abril de 2020), la cual permite la extracción de oro, diamantes y otros minerales estratégicos en ciertas áreas de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Cuyuní, Yuruari y bajo Caroní, dentro del AMO, con la autorización para el uso de embarcaciones o balsas para la extracción de oro. Este tipo de minería modifica rápidamente las características físicas de los ecosistemas acuáticos donde tiene lugar y afecta o limita la presencia de su fauna típica.

Denunciamos también la amenaza de derogación de la resolución que prohíbe la minería en el estado Amazonas. A su vez, señalamos la carencia de información sobre los planes que se están llevando a cabo en la zona, así como de una potencial actuación de empresas transnacionales en esos territorios.

Ante todos los elementos expuestos, hacemos un llamamiento urgente para tomar las medidas necesarias para detener este proceso de destrucción que se está generando y que amenaza radicalmente la supervivencia de los pueblos indígenas que allí habitan, así como la salud de los ecosistemas amazónicos.

II. Segunda sección. Propuestas y alternativas

En esta sección presentamos las propuestas que las organizaciones sociales que redactan y suscriben este documento, presentan como demandas, propuestas y alternativas ante las principales problemáticas descritas anteriormente.

Ante la grave situación de salud en la Amazonía venezolana y la urgencia de enfrentar la expansión de la Covid-19, planteamos:

a) Situación COVID-19 y de salud en general
  1. Exigir al Estado venezolano disponer de mecanismos de control y protección territorial, conjuntamente con los pueblos indígenas en áreas indígenas, para evitar la expansión del COVID-19.
  2. Exigir la adecuada atención sanitaria como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituidos en el artículo 12.
  3. Exhortar a las Direcciones Regionales de Salud, a los entes gubernamentales e instituciones responsables de salud, atender y abordar las comunidades amazónicas, implementar estrategias de prevención, equipar los centros ambulatorios con medicamentos, personal médico y ambulancia que son vitales para dichas comunidades.
  4. Informar debidamente, de ser posible en los idiomas nativos, de los impactos del virus en las comunidades indígenas y demás iniciativas de salud, implementando mecanismos de atención sanitaria con pertinencia cultural.
  5. Exhortar al Estado venezolano a reconocer los territorios de los pueblos indígenas del país, sobre todo de aquellos más expuestos a la epidemia por las actividades extractivistas, tal como lo prevé el artículo 119 de la CRBV y demás instrumentos jurídicos internacionales de derechos indígenas reconocidos por la República, y que, proceda de manera inmediata a validar las autodemarcaciones que han venido realizando los pueblos indígenas como parte de la demarcación pendiente de sus hábitats y tierras, en el marco de una declaratoria y medida de gracia en favor de estos sujetos de derechos por ser más vulnerables y en situación de riesgo ante el acecho del COVID-19, declarando los territorios indígenas libres de pandemia, y espacios de paz y no violencia.
  6. Desarrollar procesos de consulta previa, informada y de buena fe, así como de consentimiento fundamentado para las ayudas humanitarias y, en general, para cualquier otra iniciativa a implementar en los territorios indígenas.
  7. Promover una red de vigilancia y alerta para acompañar a las comunidades ante el COVID-19.
  8. Promoción de la medicina tradicional como forma de preservar la salud.

Venezuela ha tenido una acción de prevención, basado también en una constante monitorización de sus territorios. ORPIA trabaja de manera territorial para poder llevar a cabo las acciones preventivas, y también promueve la defensa de los derechos de los pueblos, la autonomía, la jurisprudencia propia y las economías indígenas, “estamos exigiendo que se atiendan a nuestros pueblos”.

La Asociación Wataniba realiza un trabajo en conjunto con ORPIA, ha abordado la problemática desde algunas líneas de acción. Entre ellas está la Prevención, desde la cual se impulsa una estrategia apoyada en un equipo multiétnico de 20 líderes indígenas. Elaboración de manuales de prevención traducido en 20 idiomas, que se transmiten por el sistema de radiofrecuencias al menos tres veces por semana. Se están buscando fondos para imprimir los manuales, y han elaborado posters para pegarlos en las diversas comunidades.

También se ha establecido un sistema de alerta temprana, desde el cual se está levantando información sobre posibles casos sospechosos, para que ORPIA pueda ejercer la labor necesaria de presión hacia el Estado (el cual se encuentra ausente). A su vez se destaca un levantamiento-mapeo del avance del coronavirus y un boletín que sale semanalmente.

b) Situación de los impactos socio-ambientales que se producen en los territorios
  1. La Amazonía venezolana presenta uno de los bosques continuos mejor conservados de la región, con áreas naturales protegidas; en las que además habitan pueblos indígenas que aportan una riqueza única para la humanidad, en especial por la diversidad étnica-cultural y el respeto a la naturaleza como eje fundamental de los patrones propios y ancestrales de uso de sus territorios, por lo que el Estado debe hacer esfuerzos por preservarlos para el futuro.
  2. Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ratificamos que la vocación natural del estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía, silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente -cacao orgánico-, pesca artesanal, apicultura y ecoturismo), además la contribución a frenar aspectos que impulsan el cambio climático. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica previo estudios de impacto ambiental y de la consulta previa, libre e informada.
  3. Se hace un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. Exhortar al cumplimento de las leyes donde se valora la vida, se protege la fauna y la tierra.
  4. Exigir la demarcación y avanzar en las autodemarcaciones de tierras para las comunidades indígenas y vulnerables. Este es un punto de partida crucial para poner en marcha las medidas para enfrentar los problemas señalados.
  5. Impulsar políticas de remediación ambiental, reforestación y recuperación de las cuencas hidrográficas de la región.
  6. Tomar medidas de emergencia para mejorar la reproducción de la vida cotidiana de las comunidades en esta pandemia, tales como distribuir pastillas purificadoras o bombas para el tratamiento del agua.
  7. La actual pandemia constituye una amenaza, pero a la vez una oportunidad para desde la interculturalidad, avanzar en políticas públicas que coadyuven a superarla. La gestión intercultural del riesgo constituye en la actualidad un mecanismo que puede ser definido desde las comunidades indígenas, para gestionar la crisis a la que se exponen de cara al COVID-19. En efecto, urge definir “desde y con” las comunidades indígenas, las herramientas para enfrentar la pandemia con un enfoque basado en usos y costumbres. Se trata de crear las condiciones para un diálogo de saberes de la pandemia de carácter intercultural, de ida y vuelta, con todo lo que ello implica en países ricos en diversidad biológica y cultural como Venezuela.

En las cosmovisiones de muchos pueblos indígenas hay narrativas en las que se anclan episodios, a través de los cuales se han podido trascender situaciones en las que se han encontrado en peligro algunas culturas originarias. Esta circunstancia por la que atraviesa la humanidad en general y los pueblos indígenas en particular no es la excepción. Por el contrario, es un momento propicio para entender y ubicar el acervo cultural de nuestros pueblos aborígenes y, desde sus cosmovisiones, inventariar la factibilidad de superar la presente amenaza pandémica.

c) Situación de la minería ilegal y proyectos mineros en la región
  1. Rechazar el proyecto del Arco Minero del Orinoco, ratificando que este modelo extractivo no es el adecuado para la Amazonía.
  2. No aceptar la minería, ni explotación a las tierras ni minerales, como lo menciona la Ley Orgánica para Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) en su artículo 5 y 120, al igual como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en sus artículos 119,121 y 123, donde se les otorgan derechos especiales de autogestión y organización a las comunidades.
  3. Mantener vigente el Decreto Presidencial Número 269 del año 1989, que tiene como finalidad preservar y conservar los recursos naturales que se encuentran en la región amazónica, como bosques, fauna, flora, cuerpos de agua, además de la diversidad cultural, y que establece que la minería está prohibida en el estado Amazonas. El decreto no sólo debe continuar sino que se deben adoptar medidas urgentes para parar y controlar la minería ilegal en la región.
  4. Abstenerse de seguir dictando medidas ejecutivas a través de iniciativas legales como el Decreto 6.526 de fecha 7 de abril del año en curso, en el que se amplía el plan Arco Minero del Orinoco (AMO) para actividades mineras en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní, declarando su inmediata derogatoria.
  5. Medidas de protección en favor del territorio Uwottuja de la cuenca del río Sipapo, de los cuatro ríos y del Orinoco Medio, así como a su Organización Pueblo Indígena Uwottuja del Sipapo (OIPUS), como condición para la preservación y garantía de sus formas de vida, tal como lo reconoce la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT, el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y la Ley para la Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas respectivamente, ante la amenaza a sus hábitats ancestrales y tradicionales al ser territorios ubicados en zonas de frontera, siendo muy vulnerables ante la presencia de actores externos y terceros, grupos irregulares, garimpeiros, narcotraficantes, contrabandistas y mineros ilegales entre otros, que ponen en peligro la cultura ante un posible e inminente contagio del COVID-19.
  6. Establecer estrategias y medidas especiales de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial, específicamente a los ubicados en la cuenca del río Sipapo territorio ancestral del pueblo indígena Uwottuja, en el Alto Ocamo territorio ancestral del pueblo Yanomami, y la Sierra de Maigualida en el Estado Bolívar, territorio ancestral de los pueblos indígenas Jodi y Eñepa respectivamente, reconocidos en el Informe sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas de la CIDH del año 2013.

1 Parques Nacionales: 7; Monumentos Naturales: 5 (El MN Tepuyes cuentan 14 unidades); Refugio de Fauna Silvestre: 1
2 Censo 2011
http://www.ine.gov.ve/documentos/SEN/menuSEN/pdf/subcomitedemografica/Indigena/BoletinPoblacionIndigena.pdf
3 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ven_covid-19_plan_intersectorial_2a_edicion_04102020.pdf
4 https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/
5 Observatorio Wataniba-Orpia: CoVid-19 en la Amazonía venezolana. Boletín número 7. https://watanibasocioambiental.org/observatorio-wataniba-orpia-covid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-7/
6 https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/
7 https://watanibasocioambiental.org/observatorio-wataniba-orpia-covid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-7/
8 Quienes viven sobre el agua en viviendas conocidas como Janoko o palafitos.
9 Comunicado del pueblo indígena Warao, Instituciones y Organizaciones ante la situación actual por el COVID-19. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/06/05/comunicado-del-pueblo-indigena-warao-instituciones-y-organizaciones-ante-la-situacion-actual-por-el-covid-19/
10 Comunicado con motivo de la difícil situación de salud y escasez de combustible de los Indígenas del Caura-Erebato, Estado Bolívar https://revistasic.gumilla.org/2020/comunicado-con-motivo-de-la-dificil-situacion-de-salud-y-escasez-de-combustible-de-los-indigenas-del-caura-erebato-estado-bolivar/
11 Criminalización por el COV D-19 hacia el Pueblo Indígena Pemón https://www.salsa-tipiti.org/covid-19/criminalizacion-por-el-covid-19-hacia-el-pueblo-indigena-pemon-6-4-20/
12 Muñoz, José. Estado Bolívar. Geo Venezuela, tomo 5. Fundación Empresas Polar.
13 Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, el Centro para la Reflexión y Acción Social (2019). Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/04/05/informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-arco-minero-y-el-territorio-venezolano-ubicado-al-sur-del-rio-orinoco/
14 Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, el Centro para la Reflexión y Acción Social (2019). Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/04/05/informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-arco-minero-y-el-territorio-venezolano-ubicado-al-sur-del-rio-orinoco/
15 http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/consejo-popular-minero/#:~:text=El%20Consejo%20Popular%20Minero%20%E2%80%94conformado,Estado%2C%20y%20de%20una%20pol%C3%ADtica
16 Puntos de minería ilegal contados para este informe del, obtenidos del Portal RAISG, Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
17 Pronunciamiento del pueblo indígena Uwottüja de los habitantes de los sectores de los cuatros ríos, Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y el sector Orinoco medio, del municipio Autana, Estado Amazonas, Venezuela. https://watanibasocioambiental.org/wp-content/uploads/2020/03/Pronunciamiento-26.pdf-1.pdf
18 Comunicado oficial de las autoridades legítimas del pueblo indígena Pemón del sector VI Akurimö (Santa Elena de Uairén) http://revistasic.gumilla.org/2019/comunicado-oficial-de-las-autoridades-pemon-ante-la-masacre-de-ikabaru/

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