Deforestación amazónica venezolana, una cicatriz imborrable en la población y el medioambiente

[Por: José Silva / El Diario / 12 de Agosto 2019]

En solo cinco años el país ha perdido 2.801.136 hectáreas de su preciado pulmón vegetal, una cifra que aumenta exponencialmente con la proliferación de la minería ilegal, sobre todo al Sur del Orinoco, donde se concentra 80% de los bosques

Además de los problemas económicos, políticos y sociales que aquejan diariamente a los venezolanos, el país se enfrenta con la deforestación de sus extensos bosques, ubicados en su mayoría al sur del río Orinoco. Se trata de un fenómeno que avanza de manera silenciosa con el paso de los años y que ha sido denunciado por distintas ONG, biólogos, geólogos, ecologistas, periodistas y comunidades indígenas, quienes alertan continuamente sobre las repercusiones negativas que esto acarrea para el medio ambiente.

Desde hace muchos años Venezuela lidera la lista de los países que poseen una de las tasas más altas de deforestación. Para 1980 — según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)— la otrora república petrolera poseía 58 millones de hectáreas, cifra que se redujo a 47,6 millones para el año 2010 a un ritmo de 347 mil hectáreas perdidas anualmente. Especialistas estiman que la eliminación de zonas boscosas sigue en aumento, pese a la caída de la producción industrial, agrícola y pecuaria, causas comunes de la deforestación.

En la actualidad es difícil cuantificar la destrucción de la capa vegetal en el país ante la falta de datos oficiales por parte del Ministerio para Ecosocialismo y Aguas (Mineas), sin embargo, se estima que la pérdida de la Amazonia venezolana se aceleró con la llegada de la “revolución bolivariana”. Solo del año 2000 al 2015 fueron eliminadas 5.265.000 hectáreas de ese territorio a causa de la deforestación, revela un informe de la ONG Provita.

Deforestación en el Parque Nacional Canaima. Foto Javier Mesa

La pérdida de la cobertura boscosa se sigue incrementando con el paso de los años sin que exista una respuesta contundente por parte de los organismos del Estado para frenar esa problemática. De 2000 a 2005 se eliminó 17%; de 2006 a 2010, 29,4%. El dato más preocupante se registró de 2010 a 2015, cuando fueron arrasadas 2.822.000 hectáreas, es decir, 53,6% del periodo evaluado. El director de educación de Provita, Carlos Pelaez, dijo para El Diario de Caracas que para el lapso 2015–2020 la tasa de deforestación en Venezuela puede que sea mucho mayor.

Esas cifras suponen un incremento que prácticamente duplica a periodos anteriores si se toma en consideración que de 1990 a 2010 el país perdió 11,1% de sus bosques a razón de 287.550 hectáreas por año, de acuerdo con la FAO.

El informe de Provita deja de manifiesto que Venezuela se ha convertido en el único país amazónico en presentar una tasa de deforestación exponencial, según datos evaluados entre 2000 y 2015. Un análisis anterior, denominado Deforestación en la Amazonia (1970–2013) — presentado por la Red Amazónica de información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) — establece que la deforestación acumulada de toda la Amazonia al 2013 fue de 13,3% con respecto a su área, haciendo énfasis en que la mayor pérdida del pulmón vegetal se produjo de 1970 al 2000 (9,7%).

Sin embargo, la deforestación no es un problema exclusivo de Venezuela. El pasado 2 de agosto el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro -un ferviente partidario de la apertura de áreas protegidas para su explotación- destituyó a su director del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), Ricardo Galvao, al considerar que los datos que publicaba sobre la deforestación en el principal país amazónico eran falsos.

De acuerdo con el INPE, la deforestación en esa nación acabó con un área de 2.254,8 kilómetros cuadrados en julio, lo que supone un incremento de 278% con respecto al mismo período de 2018.

La reforestación, lejos de ser una realidad en Venezuela

Foto Sibci

De acuerdo con cifras del extinto Ministerio del Ambiente, entre los años 2006 y 2014 fueron reforestadas 45.000 hectáreas mediante la denominada Misión Árbol, lo que constituye un porcentaje menor a 3% de las 1.800.000 hectáreas arrasadas en ese mismo tiempo registradas por la FAO.

Para Provita, la proliferación de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas tiene correlación directa con la pérdida de los bosques, pues estipula que desde 2010 en adelante se produjo una veloz destrucción de la capa vegetal debido a esa actividad, en contraste con otras como la tala y quema de bosques, ganadería, agricultura, construcción de carreteras y asentamientos.

Pese a la ausencia de datos gubernamentales, la FAO ha identificado seis causas principales de conversión de los bosques venezolanos para otros usos: “la ampliación de la frontera agropecuaria (…); la explotación ilegal de madera, por las debilidades en los mecanismos de supervisión y control; las invasiones de tierras destinadas a la producción forestal permanente, principalmente con fines agropecuarios; la actividad minera, por los cuantiosos recursos de los que dispone el país; los incendios forestales (…) y el establecimiento de infraestructura urbanística no planificada”.

En julio de 2019 la agudización de la falla en el servicio de gas doméstico en Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas, Zulia — según cifras de la Asamblea Nacional (AN) — ha forzado a muchos ciudadanos a hurgar en los bosques buscando leña para cocinar.

Escasez de gas en Valencia, Carabobo. Foto Ciudad Valencia

Aunque no existen cifras oficiales sobre la tala de bosques para el suministro de leña, Pelaez considera que es una tendencia que ha ido al alza en Venezuela y estima que los resultados por esta práctica pueden ser “devastadores’’ para el medio ambiente. Un elemento que agudizó la tala por leña fue el apagón nacional que se registró el pasado mes de marzo y que se repitió, a diferentes escalas, en los meses siguientes.

Otro componente que se cierne como una real amenaza para las zonas boscosas es la proliferación de la minería no planificada. A partir de 2010 comenzaron a aparecer, con mayor asiduidad, reseñas en medios de comunicación sobre la presencia de mineros ilegales, sobre todo en los municipios Gran Sabana y Angostura del estado Bolívar.

Mapa de la minería ilegal en la Amazonia. Foto Raisg

Como aparente respuesta a esa problemática, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez dio inicio al “Plan Caura” para la preservación del Alto Caura e informó que la Fuerza Armada Nacional destruyó más de 40 campamentos mineros ilegales y el desalojo de 200 personas que se dedicaban a esa actividad. No obstante, con el pasar del tiempo el plan quedó en el olvido.

Para el año 2018, Venezuela tenía 1.899 puntos de minería no autorizada de diamante, oro y coltán, cifra que ha sido ratificada en la actualidad por el biólogo Carlos Pelaez. En total existen 2.300 puntos en toda la Amazonia, 245 áreas y 30 ríos donde está presente la minería ilegal, según un informe publicado por la Raisg, que se basó en el mapeo satelital, noticias publicadas en los medios de comunicación y datos suministrados por entes estatales.

El Arco Minero y la amenaza de un país desértico

Arco minero. Foto cortesía

Ya con el ritmo de deforestación que Venezuela mantuvo hasta 2010, los bosques de la cuenca del río Caura podrían desaparecer en 16 años. Esa zona, que posee cerca de 80% de los bosques del país, tiene una extensión de 4.533.600 hectáreas y una biomasa de casi 1.400 millones de toneladas, indicó Juan Linares, ex parlamentario y experto en temas ecológicos.

Venezuela, rica en paisajes naturales, flora y fauna, se encuentra entre los 17 países considerados como megadiversos por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente de la ONU. Esto significa que forma parte de las naciones que, en total, poseen 70% de la biodiversidad existente en todo el planeta.

El país contiene millones de toneladas métricas de carbono en su biomasa forestal, 2.356 especies conocidas de anfibios, aves, mamíferos y reptiles. De esa cantidad de animales, 13,3% es endémico, es decir, que no existen en ningún otro país y 5,6% se encuentra amenazado, revelaron datos del Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente (UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés). Cuenta, además, con 21.073 especies de plantas vasculares, de las cuales 38% son endémicas.

Sin embargo, este privilegio de la naturaleza puede cambiar de no implementarse medidas contundentes. La ONG Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV)alertó que si no se controla la tasa de deforestación, en menos de un siglo Venezuela pasaría a ser una zona desértica, lo que supone un cambio brusco en sus ecosistemas.

Con la creación por decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco (AMO) -desde febrero de 2016-, una cuarta parte del sur del Orinoco fue destinada a la explotación legal, por parte de empresas nacionales y extranjeras, de minerales como el oro, diamante, coltán, cobre, hierro, bauxita y tierras extrañas. Dentro las corporaciones autorizadas a operar en esa área -en total 150 de 35 naciones- se encuentra la gigante canadiense Gold Reserve, que estima iniciar en 2020 la producción de oro en el país.

Mineros en el Arco Minero. Foto cortesía

Esa empresa fue expulsada de Venezuela en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez al considerar su alto impacto negativo para el medio ambiente. De hecho, no tiene permitido realizar operaciones en su propio país ni en ninguno del llamado ‘’primer mundo’’.

A lo largo del área destinada para el AMO, que representa 12% de la superficie total del país, se encuentran importantes zonas boscosas, como el Parque Nacional Canaima, con unos 30.000 kilómetros cuadrados y considerado patrimonio mundial por la Unesco; la Reserva Forestal de Imataca, con 3.000,8 kilómetros cuadrados; las reservas de la Paragua y El Caura, con 5.134 kilómetros cuadrados; el Monumento Natural Cerro Guanay; además del río Caroní.

Diversas ONG han señalado que ese megaproyecto viola al menos tres artículos de la Constitución de la República por no haberse hecho un estudio ni proceso efectivo de demarcación de hábitats y tierras indígenas (117), no existir un proceso de consulta previa, libre e informada (120), ni tampoco haberse realizado estudios de impacto ambiental (129).

Con la clara intención de lo que ocurre en la zona, en noviembre de 2018 Miguel Yabrudes presentó un documental en la UCV denominado El Arco Minero del Orinoco, un desastre planetario está en desarrollo. A través de la pieza audiovisual, el autor denuncia lo que considera el “proyecto minero más destructivo’’ en el ámbito nacional. El trabajo explica a detalle cómo el AMO puede afectar 112.000 kilómetros cuadrados de la geografía nacional y que sus estragos pueden extenderse, de forma indirecta, a islas del Caribe como Trinidad y Tobago, así como toda la Amazonia, que se extiende por nueve naciones de Suramérica.

La misma Ana Elisa Osorio -ex ministra de Ambiente durante el gobierno de Chávez- introdujo en 2016 un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde solicitaba la anulación del AMO por su impacto devastador para el medio ambiente. Hasta la fecha, dicho poder público no ha dado ninguna respuesta.

En reiteradas oportunidades científicos y defensores del medio ambiente han señalado que la actividad minera en esa zona hace que se produzcan toneladas de sedimentación que se dirigen hacia los principales ríos del país y afectan las turbinas de represas como el Guri -que provee de energía eléctrica a cerca de 70% del país- además de la contaminación con cianuro y mercurio producto de la actividad minera ilegal.

Puntos de minería ilegal. Foto Raisg

Para Pelaez, el decreto del Arco Minero del Orinoco -que busca proveer de recursos al régimen de Maduro ante la caída de la producción petrolera y las sanciones estadounidenses- prácticamente ‘’legalizó’’ la minería ilegal, por lo que considera necesario que dicha actividad sea denominada como ‘’minería desregulada o desorganizada’’.

Una de las consecuencias más palpables de ese tipo de minería se refleja en “todo lo que tiene que ver con el Estado paralelo criminal que se ha hecho en ese territorio (Bolívar) basando su economía en la minería’’, según el director de educación de Provita. El experto señala que al Sur del Orinoco está una región forajida donde hasta la salud se paga con oro, “cuyas estructuras son criminales de naturaleza’’.

‘’Eso ha establecido ahí un Estado criminal donde el territorio se lo pelean o lo cuidan bandas criminales, militares y policías venezolanos, paramilitares colombianos y garimpeiros brasileños’’, agrega. Pelaez también menciona que en Bolívar no existe Estado de derecho ni la observación de los derechos humanos para los indígenas y criollos sometidos a condiciones de esclavitud “aparte de un entramado económico que donde se hace trata de personas, contrabando y venta de armas”.

Esa pérdida de soberanía en la entidad dificulta que se implementen planes macro para la reforestación de los bosques en las áreas donde la minería desorganizada tiene mayor incidencia.

Pese a las promesas del gobierno de Nicolás Maduro de proteger estas zonas, en diciembre de 2018 la periodista Valentina Quintero publicó imágenes de cómo una mina en Campo Carrao, a orillas del río Akanan — cerca del Salto Ángel — estaba afectando el corazón de Canaima.

Minería ilegal en el Parque Nacional Canaima. Foto Valentina Quintero

Pero no solamente la deforestación desmedida se ha registrado en los estados amazónicos del país. El pasado mes de julio la Oficina General de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) documentó una denuncia de que la zona del Valle Plateado, ubicada entre los estados Táchira y Mérida, estaba siendo arrasada por maquinaria para la explotación de minas de coltán y plata, afectando así las cabeceras de los ríos Mocotíes y brazos de ríos como el Uribante y el Escalante, que constituyen el sistema hidrológico de la región andina.

De acuerdo con el portal de monitoreo de bosques Global Forest Watch, unas cinco áreas protegidas de Venezuela se encuentran siendo deforestadas por actividades mineras ilegales.

Ecocidio continuado y proliferación de enfermedades endémicas

El ecocidio –un neologismo para referirse a la destrucción del medioambiente– es tipificado como un crimen “contra la paz” en 10 países: Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Vietnam y Georgia; de hecho, en Código Penal de esta última nación establece desde 1999 una pena de 8 a 20 años en prisión para los responsables de causar un desastre ecológico.

En abril de 2019, la Asamblea Nacional venezolana aseguró que los actos de minería ilegal registrados en los estados Amazonas y Bolívar son considerados como “ecocidio’’, como consecuencia de la creación del AMO. La diputada Maury Baloa señaló que desde hace cinco años se destruyeron 590 hectáreas del reservorio vegetal del Cerro Yapacana, en Amazonas, por la minería ilegal.

A comienzos de año, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia) se reunió en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, para alertar sobre la deforestación irregular en grandes extensiones de bosques, la contaminación de las aguas por el uso del mercurio debido a las actividades mineras -pese a que su uso está prohibido- y otros elementos de gran toxicidad empleados para la extracción de minerales.

“La población indígena, quienes han sido víctimas de esta actividad ajena y ecocida, han elevado su voz pues han sido desplazadas comunidades enteras de sus tierras, se han incrementado la presencia de enfermedades respiratorias, malaria, sarampión, alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual, prostitución, deserción escolar. Así como la presencia de grupos irregulares armados que han trastocado todo el sistema natural de vida en amplias zonas del Amazonas venezolano”, señala Orpia en su documento.

Las minas abandonadas pueden ser fuente de malaria. Foto Ana Gisela Pérez, Mongabay Latam

Además de la deforestación de bosques, otras de las consecuencias que deja la minería ilegal es la proliferación de enfermedades endémicas como la malaria. Para 1961, Venezuela fue declarada territorio libre de paludismo; sin embargo, 58 años más tarde, la realidad cambió radicalmente y el fenómeno de la minería ilegal tiene su cuota de responsabilidad.

En 2018 el Colegio de Bioanalistas de Venezuela señaló que para 2016 se registró la transmisión de malaria en 89 municipios de 17 estados del país. De ellos, el municipio Sifontes del estado Bolívar — área donde más se lleva a cabo la actividad minera — registra 43% de todos los casos, mientras que Amazonas aporta 10%, Sucre 9%, Delta Amacuro 4% y Monagas 2%.

Esa realidad se ha expandido, como una epidemia, por al menos 18 estados del país, refiere la Sociedad Venezolana de Infectología. Esto supone un riesgo regional si se toma en cuenta que existe un éxodo masivo de venezolanos estimado en 4.000.000 para la Acnur.

Para Carlos Pelaez, el repunte de enfermedades como la malaria tiene que ver con el hecho de que las zonas de explotación minera son zonas endémicas, donde existe gente de varios estados del país (así como extranjeros) en búsqueda de oro, se infectan con el virus y lo trasladan a otras zonas. Además, el biólogo manifiesta que el trabajo de minería implica hacer ‘’lagunas de oxidación, donde el agua se queda estancada, se hacen pozos dentro de la actividad minera y eso ha hecho que la proliferación de vectores haya aumentado mucho más’’.

Foto: Provita

La deforestación es un mal que avanza cada vez más en Venezuela, situación que se agudiza ante la falta de controles ambientales por parte del Estado, y que no solo pone en riesgo las áreas protegidas, sino a todo un país. Desde Provita consideran que para enfrentar la destrucción de la selva amazónica -sobre todo de la ‘’pérdida de soberanía que origina una violencia armada’’ en el estado Bolívar’ por la minería desregulada-, se debe retomar la actividad turística, las biomarcoferias con base en la diversidad biológica, la explotación y producción sostenible y regulada de madera, así como retomar la operación legal de la minería.

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