[Jesuitas.lat / 14 de marzo 2022]
En las últimas semanas, las discusiones sobre la minería en tierras indígenas han vuelto al debate público debido a la publicación de la Ordenanza N° 667/2022, de la Casa Civil, que incluyó el PL N° 191/20 del gobierno federal para el año 2022.
El PL No. 191/2020 tiene por objeto regular el § 1 del artículo 176 y el § 3 del artículo 231 de la Constitución de la República Federativa de Brasil (CRFB), para establecer las condiciones específicas para la realización de actividades de investigación y extracción de recursos minerales e hidrocarburos y para el uso de recursos hídricos para generar electricidad en tierras indígenas.
Ya se han propuesto varias iniciativas legislativas con estos objetivos. El tema es complejo y carece de consenso entre los sectores involucrados con la producción minera, los pueblos indígenas, los ambientalistas y la sociedad en general.
Desde el punto de vista constitucional, varios aspectos que deberían regir la ley han sido vilipendiados, tanto en el debate público como en las propuestas que se tramitan en el Legislativo, en particular en el PL nº 191/2020. Dado que el reducido espacio no nos permite mencionarlos de forma exhaustiva, comentaremos sólo algunos de estos aspectos.
La Constitución estableció reglas generales para las actividades mineras o de aprovechamiento del potencial energético en todo el territorio nacional. Sin embargo, creó reglas específicas y más restrictivas para la posibilidad de su práctica en tierras indígenas.
Según el artículo 231, § 7, “lo dispuesto en el art. 174, § 3 y § 4”. El citado numeral 3 del artículo 174 establece que “el Estado favorecerá la organización de la actividad minera en cooperativas, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la promoción económica y social de los mineros”. El numeral 4 establece que “las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior tendrán prioridad en la autorización o concesión para la investigación y explotación de recursos y minas de minerales explotables, en las áreas donde estén operando, y en las establecidas de conformidad con el art. 21, XXV, en forma de ley”.
El artículo 174, § 4, también se refiere al artículo 21, XXV, que confiere a la Unión la competencia para establecer las áreas (o zonas mineras) y las condiciones para las actividades mineras.
Se puede inferir de la lectura del artículo 231, § 7, por lo tanto, que, por la inaplicabilidad de los artículos 174, §§ 3 y 4 y el artículo 21, XXV, no existe la posibilidad de “fomentar la actividad minera” o conferir en tierras indígenas prioridad a las cooperativas garimpeiros en estas tierras. Además, el Gobierno Federal o cualquier otro Poder de la República ya no es competente para establecer o definir áreas (zonas de garimping) y condiciones para el ejercicio de la actividad minera en tierras indígenas. La minería en tierras indígenas, por lo tanto, no está sujeta a la regulación prevista en el artículo 231, § 3 de la Constitución, ya sea en forma de ley o de otros actos normativos.
El PL nº 191/2020 ignora el tema y pretende regular no solo la minería sino también la prospección.
Otro punto ignorado por la proposición se refiere a la necesidad de autorización del Congreso Nacional para la exploración y aprovechamiento de los recursos hídricos y para la investigación y explotación de las riquezas minerales, prevista en el artículo 49, XVI y el artículo 231, § 3 de la Constitución. . Según el PL, la autorización sólo sería necesaria para tierras cuyo proceso de demarcación ya hubiera sido aprobado por el Presidente de la República.
Para que se den una idea, actualmente hay 237 procesos de demarcación de tierras indígenas pendientes de aprobación por decreto, la penúltima fase de un proceso administrativo complejo, que involucra estudios técnicos elaborados por un equipo multidisciplinario, aprobación del presidente de la Funai, impugnación administrativa, análisis y aprobación de los estudios por el Ministro de Justicia. Una vez superados todos estos pasos, el proceso continúa para la aprobación presidencial y, luego, para el registro en una notaría y en la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU). Este proceso es largo y requiere mucho tiempo. Hay procesos iniciados en la década de 1980 que aún no han concluido y casos en los que aún no se ha abierto el proceso de deslinde.
Según el PL Núm. 191, en terrenos no habilitados, las actividades podrían liberarse mediante una “autorización provisional”, sin manifestación alguna del Congreso, como lo exige la Constitución. Tras la aprobación por decreto, el Congreso tendría cuatro años para autorizar la actividad.
En los terrenos que ya cuentan con el decreto de homologación, el Congreso también tendría que autorizar la investigación y explotación de minerales, así como el aprovechamiento de los recursos hídricos, en un plazo de cuatro años. Si no autoriza la actividad dentro de este plazo, se considerará que ha habido aprobación tácita o que el plazo ha expirado. En este punto, el PL afrenta el pacto federativo y retira competencia exclusiva al Congreso Nacional, la cual puede ser ejercida mediante decreto legislativo.
Es importante resaltar que la ausencia de deliberación por parte del Congreso Nacional, en todos los ámbitos de su competencia, se considera como falta de prioridad o negativa, nunca como una autorización tácita o ficticia. Ver qué sucede con las medidas provisionales cuando no se consideran dentro del plazo constitucional.
También cabe recalcar que la Constitución no alteró la etapa del proceso de deslinde de tierras indígenas para la necesaria autorización del Congreso y la audiencia de las comunidades afectadas. Tampoco creó diferentes regímenes jurídicos entre tierras indígenas homologadas y no homologadas.
De ser válida la posibilidad de autorización provisional, incluso las tierras con presencia de indígenas aislados, que son aquellos que no tienen contacto con la sociedad circundante, podrían verse afectadas, ya que muchas de ellas cuentan únicamente con una ordenanza de interdicción de área, sin la conclusión formal. proceso de demarcación y el decreto de homologación.
Brasil es el país con el mayor número de indígenas no contactados del mundo. Son extremadamente vulnerables socioepidemiológicamente, ya que la falta de contacto con otros pueblos y la sociedad en general hace que no tengan memoria inmunológica para enfermedades comunes, como la gripe. Además son indígenas totalmente dependientes del medio que los rodea, por lo que cualquier cambio ambiental podría amenazar la supervivencia del grupo. El PL, sin embargo, no se preocupó por estos temas.
Bajo el argumento de “crear la ley prevista en la Constitución”, el PL pretende instituir una verdadera desregulación de las empresas de alto impacto, promoviendo una “liberación general” de numerosas actividades actualmente prohibidas.
Además de pretender legalizar la minería y otorgar derechos mineros, pisoteando los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, el PL nº 191 también promoverá la instalación de centrales hidroeléctricas, la apertura de caminos y la siembra de especies transgénicas en tierras indígenas. ¡Una astilla múltiple!
Es importante recordar que las tierras indígenas son la base material donde los indígenas experimentan su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones. En ellos realizan sus actividades productivas y encuentran los recursos ambientales necesarios para su bienestar. Tales garantías constitucionales deben constituir el núcleo esencial de toda ley que pretenda “regular” la materia, so pena de desarticular el concepto mismo de “tierra indígena”.
En su forma actual, el PL reducirá drásticamente el grado de protección institucional de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, alcanzando el núcleo esencial de sus derechos fundamentales a la vida, a la organización social, a los usos y costumbres, así como al usufructo exclusivo de las riquezas de los pueblos indígenas. suelos, ríos y lagos., derechos garantizados permanentemente en los artículos 231, caput y párrafos de la Constitución.
Asamblea Mundial por la Amazonía 