Por Guillermo Villalobos M.
Desde la aparición de REDD+ en la escena de las negociaciones climáticas, su concepción y nombre ha ido cambiando y adaptándose en función de cómo se pretendía acabar con la deforestación, de las actividades que se buscaban financiar, de la escala y los alcances de los proyectos y de la influencia de los diferentes grupos de interés (Monjane et. al., 2022; Kill, 2022).
En una publicación del World Rainforest Movement, J. Kill (2022) identificó al menos cinco variaciones conceptuales principales de REDD (Tabla 1). La primera versión, lanzada en 2005, fue conocida como Reducción de Emisiones por Deforestación (RED) y tenía como objetivo canalizar fondos para pagar a los principales actores que deforestan el bosque, incentivándolos a cambiar sus hábitos destructivos y valorizar los bosques más en pie que talados. En 2007, el concepto evolucionó a Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación (REDD), con el objetivo de también financiar proyectos dirigidos a empresas y/o personas que dañan el bosque, pero sin deforestarlo completamente.
Poco después, en 2009, se añadió un plus (+) a REDD, con el fin de incorporar la conservación y aumento de las reservas de carbono forestal (áreas protegidas y plantaciones forestales) y la gestión sostenible del bosque (tala selectiva y comercial) como actividades viables para obtener pagos en el marco de proyectos REDD. Esta nueva conceptualización se basó en la argumentación de que los bosques no solo emiten grandes cantidades de emisiones de GEI al ser talados (deforestación y degradación), sino que también cumplen la función de capturar y almacenar CO2 de la atmósfera; por tanto, conservar y plantar árboles (aumento de reservas de carbono forestal) puede también contribuye a absorber las emisiones GEI y combatir el cambio climático (Villalobos, 2024a).
Por lo general, estos proyectos REDD se llevan a cabo en áreas delimitadas específicas, como ser propiedades privadas, parques nacionales o subnacionales, áreas de conservación y territorios comunales y/o indígenas (Pacheco et. al., 2022). Empero, en 2013 apareció REDD+ Paisaje y el ámbito de acción de los proyectos REDD se amplió a financiar programas a gran escala. El objetivo de esta nueva versión de REDD fue promover “una gestión sostenible del paisaje”, para lo cual había que considerar también las emisiones derivadas por la agricultura y las empresas agroindustriales (Kill, 2014). Esto llevó a adoptar conceptos como “agricultura climáticamente inteligente” y “políticas y planificación territorial inteligentes” para canalizar financiamiento a través de instituciones multilaterales, como el Fondo Biocarbono para Paisajes Forestales Sostenibles o el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial (Kill, 2014; Watson et. al., 2022b; Sills et. al., 2009).
Es en esta misma línea donde surgió REDD+ Jurisdiccional, sólo que ahoracon el objetivo de financiar programas que abarquen grandes regiones de un país. Estas regiones son definidas según la base territorial administrativa de cada país, de ahí el término jurisdiccional; pudiendo abarcar desde territorios autónomos, municipios, provincias, departamentos o estados federados, e incluso países enteros (Pacheco et. al., 2022; Kill, 2017). Esta es la versión de REDD que se enmarca en el Acuerdo de París, donde se incluyen numerosas zonas de bosque bajo diferentes regímenes de tenencia y administración jurisdiccional; y donde la contabilidad del carbono –tanto de programas REDD+ jurisdiccionales como de proyectos REDD+ individuales- debe integrarse en el balance del carbono forestal nacional o regional del país, contribuyendo así a alcanzar los compromisos asumidos en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND)[1].
A pesar de los constantes cambios de nombres, conceptos y actividades a ser financiadas, REDD nunca logró zanjar sus principales fallas y sobrepasar las oposiciones a los proyectos (Kill, 2022). Por ello, en 2016 se comenzó a promover a REDD bajo los nombres de Soluciones Basadas en la Naturaleza o Soluciones Climáticas Naturales como un mecanismo que permite dar continuidad a este marco financiero (WRM, 2021). Si bien este esquema pretende compensar emisiones mediante proyectos de conservación, restauración y/o gestión sostenible de ecosistemas naturales, en realidad la mayoría del financiamiento para estos proyectos están dominados por REDD+ y otro tipo de proyectos dentro de la categoría de Agricultura, Silvicultura y Uso del Suelo (Ecosystem Marketplace, 2024).
Adicionalmente, a las diferentes variantes de REDD se suman otras de carácter más específico, como es el caso de REDD Indígena, que surgió luego de la conservación fuera una actividad elegible para REDD y como una concesión a las demandas de los pueblos indígenas (Kill, 2022). El principal exponente de REDD Indígena fue desarrollada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y posteriormente impulsada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) con el nombre de REDD+ Indígena Amazónico (RIA), con tres programas pilotos en Perú, Colombia y Brasil (ANECAP, 2018; COICA, 2014).
En términos generales, algunos de los lineamientos conceptuales de RIA giran en torno a: a) la demarcación y titulación de territorios indígenas; b) la implementación de planes de vida para el manejo territorial holístico y según la percepción indígena del bosque; c) la reducción de los impulsores (drivers) de la deforestación y de los gases de efecto invernadero; d) el control y sanción social; y e) el financiamiento climático bajo control social (priorizando mecanismos de compensación públicos independientes del mercado, pero aceptando también la participación del sector privado) (ANECAP, 2018; Espinoza, 2014).
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[1] Además de llevar el marco REDD a una escala regional, REDD+ Jurisdiccional surgió también como un mecanismo para afrontar las “fugas” en los proyectos individuales de REDD. Las “fugas” son una de las falencias más criticadas del marco REDD y ocurren cuando un proyecto de compensación busca reducir la deforestación en una zona, pero la desplaza a otra nueva zona (Villalobos, 2024a). En este sentido, al “anidar” o insertar los proyectos REDD+ individuales en un programa regional más amplio, REDD+ Jurisdiccional pretende reducir el problema de las “fugas” (Ecosystem Marketplace, 2023). Sin que esto limite otro tipo de “fugas” a nivel jurisdiccional u otros problemas asociados al marco REDD, como los derechos sobre el carbono, la distribución de beneficios, la participación y la transparencia, entre otros (Van Dam, 2022; Kill, 2022).
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