Resumen y análisis de la coyuntura Amazónica en el diálogo de la Asamblea Mundial por la Amazonía
Por: Sergio Vasquez
Bolivia vive momentos difíciles de conflicto. Esto es producto de la política liberal que se intenta implementar desde el gobierno de Rodrigo Paz. En un primer momento durante las elecciones de 2025 se pensó que era un gobierno un poco más moderado, más ligado a los sectores populares, pero una vez en el gobierno tomó una posición más radical.
El origen del conflicto actual emana básicamente de la aprobación de la ley 1720 que en su momento buscaba mercantilizar la tierra. Esta mercantilización indudablemente tenía como propósito avanzar sobre la Amazonía. Los departamentos con mayor tierra productiva son Pando, Beni y Santa Cruz. La agroindustria busca acaparar tierras en estos departamentos. La ley 1720 vulneraba derechos, particularmente del derecho de propiedad individual que tiene como principal característica su indivisibilidad e inembargabilidad. Este elemento hace que los pueblos campesinos e indígenas, ante esa amenaza, tomen la decisión de movilizarse y rechacen la norma. Así sale una marcha desde Pando para frenar la contra-reforma agraria.
La marcha logró la abrogación de la ley 1720, y al día siguiente el gobierno planteó un paquete de 10 leyes que son de caracter estructural porque buscaban flexibilizar la ley de hidrocarburos, la ley de inversiones, la ley de minería y muchas otras. Inclusive anuncia una ley de bonos de carbono. Este conjunto de normas tiene el apoyo de la derecha, particularmente representado por Tuto Quiroga y la agroindustria que buscan profundizar el mercado o el sistema liberal. Desde luego la retórica del gobierno era permanentemente manifestar que estas leyes eran necesarias para la reactivación económica.
Actualmente estamos frente a una movilización que ya lleva 48 días de bloqueo. Este bloqueo está generando una situación de incertidumbre en términos de escasez de combustible y alimentos en algunos departamentos. Hay inmensas colas para combustible y alimentos. Esto está logrado una paralización de la economía y del comercio. Se ha empezado a criminalizar a los movimientos sociales, particularmente a los que están ligados a la COB. Este elemento está generando un proceso de preocupación. Actualmente las movilizaciones están siendo cuestionadas inclusive por los sectores urbanos porque están teniendo graves perjuicios para las familias bolivianas.
Paralelamente, el legislativo ha aprobado la ley 1740 que norma el estado de excepción. El gobierno no la ha implementado todavía y mantiene una retórica de diálogo.
Esta situación está cruzada por el tema del narcotráfico. Recientemente se ha descubierto 100 toneladas de droga impregnada en madera incautada en Chile. Según los indicios, hay un conjunto de empresas madereras de Pando, Beni y Santa Cruz que están ligadas a este comercio que está en proceso de investigación.
Indudablemente hay una campaña para descalificar al movimiento campesino, indígena y de la Central Obrera Boliviana, señalando que son movimientos ligados a Evo Morales y al narcotráfico.
Las normas que pretende aprobar el gobierno de Paz buscan la flexibilización de varias leyes. Eso podría afectar de manera significativa a la Amazonía. La apuesta del gobierno para el logro de mayores recursos para el Estado está a través de nuevos créditos, la explotación de la minería de oro en la Amazonía y la extracción de hidrocarburos. El paso siguiente será seguramente militarizar algunas zonas para garantizar la presencia del Estado y garantizar su explotación.
Indudablemente Bolivia actualmente está en una situación de crisis multidimensional. Se sabe claramente que no se va a poder resolver el tema económico de manera inmediata y esta situación está llevando a que el gobierno, como parte de su estrategia, ha optado por la inacción, prácticamente ha orillado a la COB que ayer salió a manifestar su apertura al diálogo.
Ahora la COB plantea ocho puntos. Una de ellos es el rechazo a la criminalización. Otro punto, el rechazo a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Una demanda que destacaría es el rechazo a que las áreas protegidas y los parques sean objeto de explotación extractiva, ya sea minera o petrolera.
Rodrigo Paz está ligado sin lugar a dudas al escudo de las Américas, a la presencia de la DEA. Gracias a esta afinidad Estados Unidos ha expresado su pleno apoyo al gobierno.
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Asamblea Mundial por la Amazonía 